Muchas son hoy, las voces y artículos periodísticos y académicos que reclaman un imperioso cambio político en España. Casi todos coinciden en cuestionar el orden constitucional, tildado por la gran mayoría de obsoleto, pero poco o casi nada se dice de vehicular ese cambio hacia una nueva vereda política con nombre de: III República.
Hace más de 40 años que España yace narcotizada en un marco político aterido y artificioso, gestado desde el miedo a la libertad y al ruido de sables procedente del backstage fáctico. Con la perspectiva del tiempo, hoy, cada vez resulta más diáfana la impresión de aquello que en el pretérito se maquilló, y no es otro hecho que la Constitución de 1978 se gestó como arma jurídica que sirvió: a) para contraprogramar, en lo venidero, todo atisbo de objeción al régimen; b) para cercenar y frenar, cual seguro vitalicio, todo conato y acicate de sentimiento popular republicano en aras de depurar así cualquier cuestionamiento monárquico.
Tal fue el blindaje constitucional, ya que la Carta Magna no contempla ningún capítulo sobre un referéndum del sistema político de la nación que pueda modificarse. De la actual ciudadanía, testigo presente de la gestación constitucional, no todos pudimos votarla. Como valor ilustrativo, el 64% de la población española que tiene actualmente derecho a voto, es decir 22 millones de personas, no pudieron participar en el referéndum constitucional que amparaba la monarquía, pues eran menores de edad en el 78.
Dicho con otros vocablos, menos del 40% de las personas que actualmente tienen derecho a voto en España sí pudieron votar la carta. Es más, el planteamiento de ese referéndum solo permitió votar a favor o en contra de la Constitución, y su aceptación iba ligado a la aprobación implícita de la Corona, ya que no se incluía ninguna pregunta sobre el modelo de Estado, así que únicamente permitió votar a favor o en contra de la propuesta elaborada por los conocidos como ‘Padres de la Constitución’.
Por consiguiente, una norma que nace tras interpelar de modo tendencioso al cuerpo soberano, para enderezar a la ciudadanía hacia la vereda de la monarquía y excluye, a su vez, un derecho elemental, como es el de decidir el modelo político, y dentro de éste la opción republicana, no es una carta magna realmente democrática, ni digna de ser querida ni venerada. Todo lo contrario que se hizo en Italia en 1947, tras el fascismo de Mussolini.
Como dejó escrito John Adams: “Una constitución es una norma, un pilar y un vínculo social cuando es comprendida, aprobada y respetada, pero cuando falta esa armonía y lealtad puede convertirse en un globo cautivo que flota en el aire”. La lectura es concluyente: se dejó todo atado y bien atado, a voluntad y designio del dictador en una norma suprema, la cual solo ha sido reformada en un par de ocasiones y sin ninguna trascendencia política. Así pues, una Constitución no debe ser un armazón de cadenas que inmovilice el pensamiento y la vida política de un país; al contrario, debe hacer más fluida y equilibrada la evolución ciudadana y la política.
A diferencia de nuestra Carta Magna, las de otros Estados sí han sido reformadas y no pocas veces. La Constitución alemana de 1949 ha sido reformada nada menos que en 60 ocasiones; la norteamericana de 1787 en 27 veces, a través de sus enmiendas; la Carta italiana de 1947, 12 veces; la portuguesa de 1976, siete veces; la francesa de 1958, en 24 ocasiones. El contraste es brutal. Como consecuencia de ese inmovilismo reformista y ya de por sí achantada gestación, el sistema político y constitucional español deviene atascado porque nació ya caduco y solo en pos de embalsamar el estatu quo del franquismo. De esta suerte, España vive de espaldas al progreso, de espaldas al futuro, de espaldas a la libertad de su pueblo y de espaldas a la verdadera democracia.
En contraposición al paisaje actual —cosecha del embrión del 78— la proa del republicanismo de 1931 pretendía zarpar del vetusto puerto de una monarquía oligárquica y nacionalcatólica hacia el destino de la modernidad europea. Una modernidad acariciada ya en parte con reformas logradas como lo fueron el sufragio feminista, la legislación del divorcio y del matrimonio civil, así como la instauración de la enseñanza libre y universal. Toda esa brisa reformista fue abortada en seco en 1936. Un aborto político impuesto y provocado por la traición de un cuerpo castrense, acólito de unas élites de poder dispuestas a asesinar la criatura republicana del progreso a base de sangre, exilio y muerte de una gran parte del país.
Tras ello vino la extirpación de todo rasgo de cultura cívica —la poca que hubo— y espíritu crítico-ilustrado, que pudiera cercenar o amenazar un régimen impuesto para acomodar los intereses de las élites franquistas. Por si fuera poco, dicho espíritu se centró en un objetivo muy claro: desprestigiar el concepto de república para justificar su traición a la II República y al pueblo entero. Se trataba de imprimir en las mentes españolas, a modo de mantra reiterativo, una consigna de desprecio hacia todo lo que significara república, etiquetada como algo imposible y desastroso para España. Las secuelas psicológicas y políticas de esos 40 años de dictadura se cobraron de inmediato en el lenguaje popular con expresiones bautizadas por el totalitario régimen, aún hoy en uso como: “Yo no entiendo de política” o bien “La política es para los políticos”. Las cuales no son más que el reflejo de esa lobotomía practicada en la ciudadanía para exterminar así toda conciencia democrática, vinculada a la razón, al progreso y a las ideas liberales.
Muerto el dictador, se redactó la archi intocable Constitución, defendida hoy, cual obra sagrada de la divinidad. Dicha carta no vino más que para perpetuar en formol y con disfraz democrático el legado franquista.
Y mientras el texto jurídico español por antonomasia vive hoy, desde su pétrea almenara constitucional, de espaldas a la realidad social, una importante parte de la ciudadanía española mira el futuro en aras de surcar nuevos horizontes. Clausuradas las encuestas del CIS sobre monarquía-república, desde la postrera de abril de 2015, según un sondeo realizado por la plataforma Yougov, hace menos de un año, entre el 2 y el 5 de noviembre de 2018, el 65% de los españoles anhelaban un referéndum monarquía-república, frente a un 22% de negacionistas.
En relación al tipo de sistema político escogido, en la misma encuesta, un 48% de los españoles eligió la opción república frente al 35% que escogió monarquía. El 17% restante de los encuestados prefirió no pronunciarse. Por franjas de edad, el 59% de los preguntados de entre 18 y 24 años se decantó por república. Ese porcentaje juvenil superó en al menos diez puntos el apoyo que la república registró en otras franjas de edad menores: 49% (25-34 años), 46% (35-44 años), 48% (45-54 años) y 45% (más de 55 años). De los jóvenes encuestados que eligieron monarquía, apenas un 21% de entre 18 y 24 años mostró su preferencia por la Casa Real.
De este reciente sondeo se confirma como el espaldarazo social hacia la monarquía y, por ende, a la actual constitución, garante de la misma Corona parlamentaria, queda por tanto plasmada con cifras contundentes y en especial por parte de la juventud. Conclusión: el futuro en forma de Estado pisa fuerte en dirección a la república. A estos datos, se añaden otros no menos interesantes, como los publicados en la primavera del pasado año por Ipsos Global Advisor, que en un estudio llevado a cabo en 28 países y en el que se entrevistaron a más de 20.000 personas de todo el planeta, situó a la monarquía española como la que menos apoyo recibe por parte de sus ciudadanos dentro de Europa.
Frente a estos datos, es ahora cuando, más que nunca, España necesita un nuevo cuerpo político que sanee, de una vez por todas, los conductos jurídico-políticos heredados del franquismo. Estamos convencidos que esa higiene democrática solo puede arribar con aquello que la mayoría de españoles pide: república.
¿Por qué? Porque una República es la única doctrina política integradora, inclusiva y canalizadora de todas las dispares aristas de la voluntad soberana. Porque una república como teoría política se contrapone contra toda jerarquía y residuo que ello genera, ergo corrupción y clientelismo; significa el único régimen purificador de corrupción en un democracia, como purificador lo es contra toda orden, casta u oligarquía que despoja de privilegios y derechos al todo de la sociedad.
Porque República es humanidad, es poder horizontal, es civismo, es ágora ciudadana, es progreso. Porque significa una democracia fiel y honesta a su significado etimológico. Ahora bien, para que esa nueva anatomía política, resulte democrática, sólida y exitosa, necesita ser edificada desde el designio y la unánime voluntad de la transversal argamasa popular española. Solo la suma soberana de cada átomo individual del pueblo llano, cristalizará el éxito de la nueva República. Sólo desde el arrojo popular y con la suma de todo el pueblo se transformará el sistema. Y a éste, se le solapará un nuevo orden constitucional acorde a los deseos, derechos e intereses populares, no de las oligarquías dominantes franquistas.
Como decía Hannah Arendt, “una constitución no es el acto de un gobierno sino de un pueblo que constituye un gobierno. Una constitución es algo que precede a un gobierno y un gobierno es sólo la criatura de una constitución. El pueblo debe dotar al gobierno de una constitución y no a la inversa”.
En síntesis, la receta política para salir de este túnel de construcción franquista, en el que los españoles estamos sumidos desde 1977, pasa por el activismo del asamblearismo popular español. Hoy más que ayer es perentorio confluir a todos los actores políticos de izquierdas, movimientos sociales, culturales y asociaciones progresistas del país, a fin de constituir una asamblea nacional republicana: la asamblea del CAMBIO.
No hay que olvidar que es el pueblo español el auténtico protagonista, el que escribe el libro de la política española. Es él quien tiene que tomar las riendas del timón nacional, en lugar de delegar su soberanía en el sistema. Las páginas de la historia de la república y, por ende, de nuestro país deben ser escritas por el pueblo, no por los partidos, no por las corporaciones económicas o financieras, no por las compañías internacionales, o cualquier otra élite; a la postre es el pueblo, mediante un engranaje asambleario, el que escribirá la historia y la política de España, y debe traer la III República, nadie más lo hará.
Carles Pastor González
