Sobre la Remunicipalización de los Servicios Públicos

25.03.2018              SOBRE LA REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS         

                         

Una de las estrategias más usadas por parte del capitalismo para asegurar su supervivencia es la privatización de los servicios públicos fundamentales. Servicios como el abastecimiento del agua, limpieza de la vía pública o la gestión de los comedores escolares son solo unos ejemplos de servicios básicos que dejaron de estar gestionados desde lo público para estar manejados por empresas privadas. Una de las falacias más usadas por el capitalismo para justificar la privaticación de servicios consiste en asumir como dogma que la empresa privada, puesto que necesita obtener beneficio económico para seguir manteniendo su actividad, se encargará de gestionar de manera más eficaz ese servicio porque a mayor beneficio mejor gestión. Este argumento aparentemente verdadero y puramente basado en lo económico es el que vamos a desmontar para justificar la defensa de la gestión totalmente pública de servicios.

La defensa de los servicios públicos ha sido una de las banderas de las llamadas "candidaturas del cambio" y prácticamente a mitad de esta legislatura ha sido uno de los muros con las que muchos ayuntamientos conquistados se han topado.

¿A qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de reconquistar la gestión de los servicios fundamentales que ahora están en manos de empresas? Desde luego la externalización de servicios no beneficia a esas pequeñas y medianas empresas, sino que forman parte de un entramado más propio de un juego de casino en el que grandes multinacionales se reparten el  suculento pastel de los servicios básicos para la ciudadanía.

Estamos hablando de multinacionales del IBEX35 como FCC y sobre todo de grandes empresas que tras la crisis de la burbuja inmobiliaria entraron en la gestión de servicios públicos para garantizar su supervivencia; todo ello bajo el abrigo de las administraciones públicas y un marco legal que prácticamente les entrega las llaves de los ayuntamientos. La reforma del 135 fue la puerta de entrada para que los que antes especulaban con el derecho fundamental a la vivienda ahora lo hagan con los servicios básicos como el agua o la limpieza de jardines. Luchar contra este enemigo no es fácil porque además de tener mucho poder está amaparados por la ley. Pero hay que luchar; y lo hay que hacer porque queremos ser usuarios de servicios y no clientes de empresas. En definitiva: hay que luchar por pura dignidad democrática.

Un servicio, casi por definición, no tiene que ser rentable económicamente. Cuando invertimos en educación no esperamos obtener un beneficio económico directo de esa inversión, sino una rentabilidad social y que por lo tanto mejore la calidad de vida de la ciudadanía. Sin embargo se ha demostrado-como por ejemplo en el ayuntamiento de Madrid-que una gestión desde lo público de los servicios buscando la rentabilidad social además lleva consigo un beneficio económico. 

Analicemos el argumento capitalista del comienzo del texto desde un punto de vista puramente económico. ¿De dónde salen los beneficios que la empresa necesita para seguir funcionando y gestionando un servicio? Obviamente los beneficios salen de hacer negocio con el precio del servicio que presta. Por lo tanto, si el servicio está privatizado, es pagado o bien directamente por los usuarios o bien desde las arcas del ayuntamiento, que da dinero a esa empresa para que realice ese servicio. Es decir, el usuario además de ser un cliente y pagar un precio por el servicio, en la mayor parte de casos es también contribuyente, por lo que parte de sus impuestos acaban también en esa empresa.   

Otro argumento a favor de la gestión pública de los servicios tiene que ver con el IVA. Si la gestión es puramente pública está exenta del impuesto; pero si por ejemplo se realiza a través de una concesión, empresa mixta o similar entonces sí se debe pagar. Además las empresas mixtas no tienen las bonificaciones fiscales que las públicas sí tiene. 

Por lo tanto parece discutible ese axioma de que la gestión privada es más rentable que la pública. Uno de los ejemplos más claros que ponen en duda ese argumento es el que se dio en Madrid con la gestión de la M-30 por parte de Gallardón. En ese caso, se creó una empresa mixta entre el Ayuntamiento y un socio privado al que va a parar todos los años un beneficio asegurado del 7%. Es decir, hay una empresa privada que tiene blindado por varios años un flujo de ingresos por parte de lo público. No parece un escenario muy beneficioso para el ayuntamiento.

Más allá del argumento puramente económico (que insistimos, no es el principial) se pueden dar argumentos de calidad de servicio y estabilidad laboral. La privatización de un servicio suele venir acompañada de una peor calidad en el mismo, así como de una precarización del personal laboral. Expedientes de regulación de empleo, falta de pago a los trabajadores y recortes en seguridad laboral están a la orden del día en estas empresas que no dudan en explotar al trabajador para mejorar su margen de beneficios. Hay trabajadores en estas empresas que ni siquiera tienen un convenio actualizado o que no se movilizan de manera colectiva por miedo a perder su puesto de trabajo. Aun así, en este escenario, el poder judicial es cómplice de estas grandes empresas puesto que tiene bloquedas demandas de trabajadores que reclaman su sueldo, paralizadas ofertas públicas de empleo y ahogando burocráticamente a los procesos de remunicipalización en varios ayuntamientos.

El proceso no es fácil porque los enemigos son muy poderosos. Es necesario comenzar planteando una lucha ideológica que exija un rescate de nuestros servicios públicos y que obligue a tener unas condiciones laborales, medioambientales y sociales dignas. Un papel clave lo tienen los sindicatos. Es muy importante que la clase trabajadora los fortalezca para defender sus derechos de manera colectiva. Una de las tácticas más usadas por estas multinacionales siempre ha sido la de dividir a la clase obrera; ya sea usando el miedo o haciendo que compitan trabajadores entre ellos. Tenemos que evitar que nuestra clase se divida y los sindicatos son la herramienta que tenemos que usar para pelear como clase, de manera conjunta y colectiva.

Si el agua es de todos y el acceso a la misma es un derecho, ¿por qué dejamos que empresas privadas especulen con ella? La gestión de los bienes públicos debe realizarse desde lo público y no regalando nuestra soberanía a empresas privadas del IBEX 35. Es clave en una democracia. La población tiene derecho a decidir cómo quiere gestionar sus bienes, no necesitamos que empresas privadas vengan a explotar lo que es nuestro por derecho. Es hora de expulsarlos de nuestros ayuntamientos.  

Jose Javier Cuenca.-